La propuesta fue presentada por el diputado opositor César Holguín, del partido centrista Ahora Nación y plantea la derogación la norma conocida como Ley Chlimper 2.0 que reduce a la mitad durante 10 años la tasa de impuesto a la renta del 29,5 a 15 por ciento a los grupos agroexportadores.

Con ese favor dejan de pagar de pagar cada año aproximadamente 560 millones de dólares al fisco peruano.

“No es posible que, mientras al Estado le faltan recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y las obras que el país necesita, se mantengan privilegios que permiten que la gran agroindustria deje de aportar” el citado monto, reclama Holguín.

La norma en cuestión es tan controvertida, que el Ministerio de Economía se opuso a su aprobación por considerarla antitécnica, inequitativa y causante de un forado fiscal (merma de impuestos) acumulado de 20 mil millones de soles (cinco mil 882 millones de dólares) en su nueva década de vigencia.

La cifra es mayor al monto de los daños (cuatro mil 266 millones de dólares) que según estima la financiera Credicorp, causará el para muchos aterrador Fenómeno El Niño.

La cuestionada ley fue aprobada con una vigencia de diez años, es decir hasta 2036, bajo el gobierno de Dina Boluarte, sostenida en el cargo por un conierto de bancadas encabazadas por el partido fujimorista FP, impulsor de la misma.

La norma es denominada por la prensa opositora y la prensa como Ley Chlimper 2.0, en referencia al promotor de la primera versión, José Chlimper, quien era ministro de Agricultura e impulsó la ley de la que es beneficiarion, pues era y es uno de los mayores empresarios del rubro e importante figura de FP.

El régimen especial fue inicialmente presentado como conveniente para el incremento de las exportaciones y de las inversiones en el agro peruano, lo que ha logrado gracias 20 años dde virtual subsidio estatal

Aquella primera vez tuvo vigencia entre los años 2000 y 2010, fue prorrogada varias veces hasa 2020 y quedó en suspenso hasta su segunda versión de 2025, aprobada pese a la oposición de diversas fuerzas políticas y economistas que consideran que la industria ya está en condiciones de seguir avanzando sin exoneración triubutaria.

En el año 2000, primero de vigencia de la ley, las empresas del rubro exportaron productos agroindustriales por 645 millones de dólares y 25 años después, en 2025, el monto de sus ventas al exterior fueron de 15 mil 13 millones.

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