La medida otorgaría facultades al presidente José Antonio Kast, sin requerir la aprobación del Parlamento, para suspender o restringir por hasta ocho meses la libertad personal, el derecho a la locomoción y a reunión, interceptar documentos y requisar bienes bajo el alegado propósito del combate al crimen organizado.
Para el diputado oficialista Jorge Guzmán, del partido de derecha Evópoli, la extensión del estado de excepción y la facultad que se le entrega al presidente de la República atentan contra los principios constitucionales que priman en Chile.
El senador Pedro Araya, del Partido por la Democracia, dijo que la propuesta es una mala copia de leyes que no tienen nada que ver con la institucionalidad chilena, como el acta patriótica de Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas y normas del código penal italiano y de El Salvador sobre sistemas carcelarios.
Araya, quien preside la Comisión de Constitución del Senado que revisará el proyecto del Ejecutivo, advirtió que el nuevo estado de excepción constitucional y las facultades extraordinarias concedidas al mandatario, a su juicio son muy peligrosas.
Al debate se sumó en los últimos días la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), quien anunció que votará en contra de la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno, si la iniciativa mantiene su contenido actual.
Para Vodanovic, la discusión sobre el tema no debería limitarse al control del orden público, sino también a seguir los recursos de las organizaciones criminales, y en ese sentido es necesario levantar el secreto bancario.
En declaraciones al periódico La Tercera, anunció que formaron un grupo de juristas constitucionalistas y trabajarán para elaborar una propuesta que aborde la seguridad de manera más amplia y que, al mismo tiempo, establezca límites relacionados con el funcionamiento democrático.
“No estoy de acuerdo con esta reforma constitucional porque no resuelve los problemas de la seguridad pública, sino más bien lo que se busca es darle más facultades al presidente para saltarse los controles deliberativos y democráticos”, expresó, por su parte, la senadora Claudia Pascual.
En opinión de la legisladora y militante del Partido Comunista es comprensible que en situaciones de catástrofe se instalen toques de queda, pero no que se restrinja el derecho a la asociación y a la reunión.
Según la encuesta Cadem, casi el 50 por ciento de los chilenos está en desacuerdo con la controvertida propuesta que se tramita en el Senado.
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