Según datos del Ministerio del Interior compartidos este martes en la prensa local, 345 menores fueron asesinados entre enero y julio, la cifra más alta registrada para ese período en el país y superior a los 339 casos contabilizados durante los mismos meses de 2025.
Un análisis publicado por Radio Pichincha señala que el incremento frente al año anterior es de 1,8 por ciento, pero la diferencia se amplía al comparar con períodos anteriores: los homicidios de menores aumentaron 54 por ciento respecto de 2024, 77,8 por ciento frente a 2023 y 222 por ciento en relación con 2022.
La cifra también supone un incremento de 684 por ciento respecto de 2021, de 807 por ciento frente a 2020 y de mil 226 por ciento en comparación con 2019, cuando se registraron 26 asesinatos de menores entre enero y julio.
Los homicidios de niños y adolescentes representan una parte significativa de los cuatro mil 882 asesinatos registrados en Ecuador durante los primeros siete meses del año.
La ciudad portuaria de Guayaquil concentra el mayor número de casos, con 111 menores asesinados, seguida por Durán, también en la provincia de Guayas, con 28, y por Manta, en Manabí, y Esmeraldas, con 15 cada una.
La violencia alcanza incluso a menores que no serían los objetivos directos de los ataques, como ocurrió el pasado viernes en el Suburbio de Guayaquil, donde una mujer y un niño de siete años fueron heridos durante un ataque armado contra un establecimiento de juegos mecánicos.
De acuerdo con información policial, el ataque habría estado dirigido contra los propietarios del negocio y las dos víctimas fueron afectadas de manera colateral.
La mujer se encuentra estable, mientras el niño recibió tres impactos de bala y permanece en estado crítico.
Los registros oficiales muestran además el predominio de las armas de fuego en los crímenes contra menores, ya que de los 345 casos contabilizados hasta julio, 321 fueron cometidos con este tipo de armas.
El investigador Francisco Cevallos, integrante del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud , sostuvo que la respuesta al problema debe ir más allá de las acciones policiales y planteó fortalecer políticas públicas que garanticen derechos como la educación, la salud, el juego y el desarrollo integral.
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