Decenas de familiares, acompañados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), presentaron una acción de protección ante la Unidad Judicial de la provincia de Santa Elena, donde está ubicada la penitenciaría de máxima seguridad.
La demanda busca que un juez determine si las restricciones denunciadas vulneran los derechos de los reclusos y sus parientes y ordene establecer mecanismos para garantizar las visitas y la comunicación, incluida la vía telemática.
El abogado Fernando Bastias, del CDH, señaló que la normativa del sistema de rehabilitación establece que las cárceles de máxima seguridad deben contar con una regulación específica, pero afirmó que esta todavía no existe para El Encuentro.
La falta de información constituye otra de las principales preocupaciones de los familiares, que aseguran enterarse por terceros de enfermedades, traslados o fallecimientos de personas recluidas.
La semana pasada hubo una protesta en las afueras de El Encuentro para denunciar la falta de alimentos, medicamentos y atención médica.
“Ellos ya cumplen una sentencia. Nosotros no decimos que no la cumplan, pero ellos tienen dignidad de vivir bien, comer bien y tener por lo menos una visita familiar”, expresó una de las participantes.
La protesta ocurrió días después de que se conociera sobre la muerte de Jean Carlos Quiñónez, de 24 años, ocurrida el 17 de agosto dentro de esa prisión, con lo cual suman cuatro reos fallecidos en ese centro desde que abrió en noviembre de 2025.
El Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles exigió esclarecer la muerte de Quiñónez y recordó sus denuncias sobre fallecimientos bajo custodia relacionados con tuberculosis, hambre y presuntos actos de tortura, aunque el Gobierno rechaza esas versiones.
La Cárcel del Encuentro fue construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa y destinada principalmente a personas consideradas integrantes o líderes de organizaciones criminales.
No obstante, allí se encuentran acusados como el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quienes muchos consideran prisioneros políticos.
dfm/avr
