La entidad formuló el llamado en el contexto de los comicios de octubre próximo y advirtió que las principales candidaturas contemplan medidas para enfrentar el problema, pero privilegian respuestas posteriores a los hechos en lugar de políticas preventivas.
Medios de prensa expusieron que Unicef y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública desarrollan una iniciativa para incorporar la protección de la infancia al debate electoral y promover compromisos públicos de los aspirantes a la Presidencia y a los gobiernos estaduales.
Brasil, consideran, ha logrado avances en diferentes áreas sociales durante las últimas décadas, pero mantiene una situación grave en materia de violencia contra menores de edad.
Datos presentados por ambas instituciones indican que en 2025 se registraron dos mil 79 muertes violentas intencionales de niños y adolescentes, equivalente a casi seis víctimas por día.
Aunque la cifra representó una reducción de 10,8 por ciento frente al guarismo de 2024, la magnitud del problema continúa siendo motivo de preocupación.
Tal reporte también señala un incremento de 106,1 por ciento en los registros de malos tratos contra niños y adolescentes entre 2021 y 2025, hasta alcanzar 38 mil 986 casos el pasado año.
Según Unicef, la violencia afecta de manera diferenciada a los distintos grupos de la población infantil, por lo que las políticas públicas deben considerar las vulnerabilidades específicas de cada uno.
A su criterio, resulta necesario enfrentar la violencia que ocurre dentro de los hogares, y aquella relacionada con criminalidad, armas e intervenciones de las fuerzas de seguridad.
En junio pasado, recordó agencia Brasil, Unicef reclamó en una carta abierta compromisos concretos para prevenir la violencia doméstica, combatir el racismo, y garantizar transparencia y sostenibilidad en el uso de los recursos destinados a la infancia.
Aquel documento puntualizó que los niños y adolescentes negros, especialmente los varones residentes en periferias, constituyen la mayoría de las víctimas de muertes violentas ocurridas fuera del hogar.
También alertó sobre la violencia física, sexual y psicológica dentro del entorno familiar, con especial impacto durante la primera infancia, y señaló que las políticas existentes carecen aún de escala, presupuesto y prioridad suficientes para reducir esos hechos de manera significativa.
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