La controversia trasciende los debates que alguna vez envolvieron a las vacunas contra la Covid-19 y alcanza el modelo sanitario existente en el país, centrado en el Sistema Único de Salud (SUS), responsable de uno de los mayores programas públicos de inmunización.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la vacunación como instrumento de protección colectiva y ha reforzado las campañas para recuperar coberturas.

Mientras el Ministerio de Salud ofrece actualmente 20 inmunizantes dentro del calendario nacional, la posición oficial adquiere especial relevancia ante el sarampión.

El estado de São Paulo acumula 23 casos confirmados este año y 16 corresponden a personas sin antecedentes de vacunación o con esquemas incompletos, según datos de las autoridades sanitarias.

Tal brote obligó a ampliar la vacunación para personas de seis meses a 59 años en las ciudades de São Paulo, Guarulhos y São Bernardo do Campo, como parte de una respuesta que ilustra la lógica de salud pública: contener la circulación del virus mediante una inmunización amplia.

Frente a las necesidades en esta área, sin embargo, emerge un debate político que coloca otra pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a la colectividad cuando una familia rechaza la inmunización?

El candidato presidencial Romeu Zema, del Partido Novo, se pronunció la víspera contra la obligatoriedad de la vacunación durante una entrevista con TV Globo. Aunque afirmó tener todas sus vacunas contra la Covid-19, consideró antidemocrático criminalizar a familias que decidan no inmunizarse.

Su discurso distingue entre defender la vacunación y rechazar que el Estado la imponga, pues Zema afirmó que mantiene su esquema vacunal y que cree en la ciencia, pero sostuvo que la decisión debe ser individual.

Una posición todavía más confrontativa proviene del campo bolsonarista. La diputada Júlia Zanatta, del Partido Liberal, ha cuestionado reiteradamente la obligatoriedad de la vacunación infantil y presentó iniciativas legislativas sobre el tema.

La exministra de Relaciones Institucionales y diputada, Gleisi Hoffmann, presentó una representación contra Zanatta ante la Procuraduría General de la República, al considerar que realizó publicaciones con contenidos de desinformación que incentivan el incumplimiento de medidas sanitarias.

A su vez, el exdiputado Eduardo Bolsonaro llevó esa discusión más allá de las fronteras brasileñas y desde Texas, Estados Unidos, donde reside, afirmó que consiguió una exención para que su hija no cumpliera la exigencia de vacunación para la matrícula escolar.

Según su relato, pagó 10 dólares por una declaración juramentada, con la cual consiguió la dispensa, y utilizó el episodio para defender la autonomía de los padres y criticar la obligatoriedad de la vacunación en Brasil.

Medios brasileños indicaron, sin embargo, que la referencia a Texas no significa que en Estados Unidos no existan requisitos de vacunación escolar y su caso corresponde a una posibilidad de exención prevista por las normas de ese estado.

En São Paulo, en tanto, la realidad epidemiológica impulsó una respuesta masiva y llevó a que durante el Día D de multivacunación, celebrado el 22 de agosto, fueran aplicadas más de 268 mil dosis solamente en la capital paulista, de acuerdo con información de la alcaldía local.

La movilización también mostró que la discusión no se limita a posiciones partidarias, pues el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, identificado políticamente con el bolsonarismo, ha defendido las acciones de su administración para aumentar la cobertura contra el sarampión y rechazó la resistencia a la vacunación.

Con la campaña presidencial de 2026 en marcha, las posiciones sobre vacunación pueden funcionar como una expresión de proyectos más amplios: uno que privilegia la acción estatal y el SUS, y otro que enfatiza autonomía individual y límites al Estado.

En este contexto, medios locales de prensa recuerdan que la obligatoriedad de la vacunación infantil en Brasil no nació con Lula, sino que está prevista en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia para los casos recomendados por las autoridades sanitarias.

Lula, por su parte, sí restableció durante su Gobierno la exigencia de vacunación infantil como condición para acceder al programa Bolsa Família, una herramienta que vincula la política de transferencia de ingresos con la protección sanitaria de los menores.

Esta confrontación, por tanto, no enfrenta simplemente dos opiniones sobre una inyección, sino que expone distintas respuestas para la interrogante de si la salud debe entenderse primordialmente como una decisión privada o como un derecho cuya protección requiere responsabilidades colectivas.

Brasil enfrenta así una paradoja electoral: mientras algunos candidatos reivindican mayor libertad frente a las políticas de inmunización, las autoridades sanitarias necesitan precisamente ampliar la vacunación para evitar que enfermedades previamente controladas recuperen espacio.

ft/mar