También como noticias alrededor de la ciudad autónoma española aparecen la solicitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer ante el Congreso de Diputados e informar acerca de los sucesos en Ceuta, previsiblemente el 9 de septiembre.

Además, una discrepancia entre los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande Marlaska, en torno a sí el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó o no de la amenaza de una avalancha migratoria desde Marruecos.

En su publicación de hoy, el Boletín Oficial del Estado (BOE), señaló que el mandatado único de Ceuta se afianza «por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos», con la posibilidad de «prórroga» o su «finalización anticipada», en función «de la evolución de los acontecimientos».

El ingreso de unas 80 mil personas de forma irregular desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado, recomendaron la aprobación ayer de la ‘situación de interés para la Seguridad Nacional’.

«Se extiende al territorio de la ciudad de Ceuta, así como su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias», puntualizó el texto.

Por otro lado, según palabras del ministro Torres refrendadas por el BOE, nuevos espacios han sido habilitados para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma.

Cinco de ellos son polideportivos cubiertos, Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor, junto con los terrenos cedidos en el parking en Loma Colmenar; además del espacio correspondiente al Hospital Militar.

Otros lugares se exploran como posibles sedes de alojamiento en caso de ser necesarios, aunque persiste la esperanza de que los migrantes irregulares puedan ser retornados a Marruecos.

Ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que la prioridad es la «devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores», en apego al ordenamiento jurídico.

Torres remarcó en especial la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones en esos casos.

También, defendió la necesidad de trabajar en la respuesta humanitaria para acoger a los menores no acompañados y a quienes soliciten asilo, además de incentivar la recuperación económica y social de la ciudad autónoma.

El Ejecutivo dio luz verde asimismo para transferir 25 millones de euros a Ceuta, destinados a la atención de los menores migrantes, una partida que se someterá a votación en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia del Gobierno y las Comunidades Autónomas este jueves.

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