Desde ese territorio del centro-oeste del país, el mandatario indicó que más de 50 mil hectáreas fueron reducidas a cenizas debido a las llamas, de las cuales 28 mil se destinan a actividades agropecuarias.

Las pérdidas, reveló, superarían los 134 mil millones de pesos (cerca de 43 millones de dólares al cambio actual) en una zona que se distingue por sus condiciones para la agricultura y la ganadería.

De acuerdo con De la Espriella, las afectaciones se constatan en 23 municipios y 507 veredas.

A esto se suman, reveló, las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto que provocó perjuicios en 44 municipios donde se registraron 85 viviendas colapsadas y tres mil 212 averiadas.

Anunció entonces la entrega de 343 subsidios para viviendas rurales, así como la entrega de cinco mil toneladas de heno y cinco mil de arroz para atender la alimentación de los animales.

“Vamos a destinar siete mil millones de pesos (dos millones 242 mil dólares) para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios”, informó.

Aun cuando no presentó ninguna prueba, manifestó que, según fuentes de inteligencia, la mayoría de los incendios forestales que afronta el departamento son provocados por “manos criminales”.

Por tal motivo, comunicó que habrá una recompensa de 50 millones de pesos (16 mil dólares) por información que permita capturar a los presuntos responsables de los fuegos.

Divulgó que existe una recompensa 10 veces mayor por indicios que conduzca al paradero de Andrés Calambaz, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyucue, alias Leonel o Amazonas, señalados de pertenecer al frente Gerónimo Galeano, del autodenominado grupo armado Estado Mayor Central.

Las autoridades declaran el estado de calamidad pública para hacer más expeditos los procedimientos de asignación de recursos cuando ocurre una emergencia grave e imprevista.

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