En ese encargo se incluye la creación de un sistema funcional de infraestructura equitativa nacional y de un ente rector adscrito al citado ministerio, que financiará las obras con su presupuesto habitual.

La declaración de emergencia se aplica para obras urgentes y simplifica los procedimientos de contratación de obras y eventualmente exoneración de licitaciones.

La resolución responde a “la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativa, así como a deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan su reducción”.

Argumenta la necesidad de fortalecer el mantenimiento de las escuelas estatales, mejorar la sostenibilidad de las inversiones y optimizar información sobre la infraestructura educativa.

Según cifras oficiales, de 55 mil escuelas estatales, sufren deterioro masivo, pues aproximadamente 16,2 por ciento, ocho mil 600, están en situación de riesgo extremo de colapso y requieren urgentemente su reemplazo inmediato.

Otros 30 mil 939 locales escolares se encuentran en condición de inaptos para seguir funcionando sin reparaciones de fondo y requieren una sustitución total e inmediata.

Además, 92 por ciento de las escuelas públicas (o sea 51 mil 271), necesitan reparaciones menores, reforzamiento de muros o reconstrucción total.

Por otra parte, solo 31,7 de escuelas cuentan con servicios básicos, como electricidad, agua potable de la red pública y alcantarillado y solo 31,7, es decir que siete de cada 10 colegios carecen de alguno de esos servicios esenciales.

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