La iniciativa fue analizada en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Benicio Robinson, del tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD), y podría pasar próximamente a primer debate en el pleno legislativo.

El proyecto plantea que personas condenadas por determinados delitos puedan, después de cumplir las condiciones establecidas, eliminar o limitar el acceso a sus antecedentes penales como vía para favorecer su reinserción social.

La propuesta parte del principio de que las personas pueden cambiar y que el ordenamiento jurídico debe ofrecer oportunidades para reconstruir su vida sin que una condena del pasado las marque de manera permanente.

Sin embargo, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada independiente Vamos, expresó reservas sobre el alcance de la iniciativa, pese a respaldar los mecanismos destinados a la resocialización.

A juicio de la parlamentaria, el principal problema del país es la corrupción y no resulta conveniente incluir en el beneficio determinados delitos contra la administración pública.

Brenes advirtió que, de aprobarse la normativa en sus términos actuales, una persona condenada por corrupción podría eventualmente borrar ese antecedente y quedar habilitada para aspirar nuevamente a un cargo público, sin que exista constancia de su conducta anterior.

Entre las figuras contempladas también aparece el delito de violación de comunicaciones, sancionado con penas de uno a tres años de prisión.

La diputada vinculó este aspecto con el denominado caso de los pinchazos, proceso judicial en el que se investigó la interceptación de comunicaciones privadas de opositores políticos, periodistas y otros ciudadanos durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

El debate parlamentario deberá determinar ahora hasta dónde puede llegar el derecho al olvido sin afectar la transparencia pública, la lucha contra la corrupción y el derecho ciudadano a conocer antecedentes relevantes de quienes aspiren a ejercer funciones públicas.

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