La medida tendrá una vigencia de 60 días y su objetivo es enfrentar a la delincuencia organizada y otras situaciones de violencia, según el decreto de emergencia.

El decreto adelanta los lineamientos generales de un plan operacional de control territorial de zonas críticas, con patrullajes disuasivos constantes, a pie y motorizados, en paradas de autobús, estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales.

Los asesinatos por sicarios tienen como principales víctimas a los choferes de autobuses, que han realizado protestas en demanda de seguridad.

El estado de emergencia suspende o restringe los derechos de inviolabilidad domiciliaria, libertad de tránsito, reunión, y libertad y seguridad personales, lo que implica detenciones sin orden judicial.

Entre las restricciones de derechos se cuenta la obligatoriedad de pedir autorización a las autoridades para realizar actividades públicas y masivas religiosas, culturales, deportivas y no deportivas.

El decreto consigna que en las próximas 24 horas se creará un Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuyo retiro exigen medios de prensa y parlamentarios de oposición, y hasta algunos oficialistas, que, consideran, ha fracasado.

El semanario opositor Hildebrandt en sus 13 publica hoy un reportaje según el cual Arriola es responsable de no utilizar cerca de 95 millones de dólares disponibles desde hace un año para equipamiento y mejoras de la Policía Nacional.

El citado comando lo integran el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entre otros organismos de nivel gubernamental y municipal.

Dirigirá las acciones para restablecer y mantener el orden interno, con el apoyo de la Policía, las Fuerzas Armadas y los cuerpos municipales de control y seguridad de nivel distrital, sin armas de fuego.

mar/mrs