La medida, adoptada por mayoría este 28 de agosto, permanecerá vigente mientras las instancias judiciales conocen la controversia sobre la legalidad de esa restricción.
La norma detenida corresponde al artículo 13 del Reglamento que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de sondeos en materia electoral, aprobado por la JCE el 22 de mayo.
El ordenamiento impedía dar a conocer por cualquier medio estudios de opinión con fines electorales fuera del período legal de precampaña, que comienza el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.
La prohibición también comprendía las encuestas realizadas para uso interno de partidos, cuyos resultados no podían hacerse públicos.
El reglamento contemplaba además sanciones administrativas vinculadas al incumplimiento de esa disposición.
La decisión se adopta en medio de varios recursos contra el artículo 13, cuya legalidad ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y empresas dedicadas a los estudios de opinión pública.
La resolución de la JCE mantiene vigentes las demás normas del reglamento, incluidas las relacionadas con el registro y habilitación de las empresas encuestadoras, los requisitos técnicos y metodológicos y otras obligaciones para quienes realizan este tipo de mediciones.
El organismo aclaró que la suspensión no constituye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición, sino una medida provisional y excepcional mientras las autoridades judiciales determinan si la disposición se ajusta a la Constitución y las leyes.
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