El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) documenta estos casos desde la militarización de la seguridad pública, decretada en Ecuador en enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa estableció el llamado conflicto armado interno.
Los registros del CDH señalan la existencia de casos principalmente en provincias de la costa, entre ellas Los Ríos, Guayas y Esmeraldas, y tienen como principales víctimas a hombres jóvenes de sectores populares, aunque también figuran adolescentes.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) recordó este domingo que una desaparición forzada deja familias y comunidades marcadas por la incertidumbre y reclamó verdad, memoria y justicia para quienes permanecen ausentes.
“No hay paz ni democracia posible mientras existan rostros ausentes sin respuestas oficiales”, señaló la organización en la red social X.
En diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 26 personas desaparecidas tras operativos militares y seis mujeres que participan en su búsqueda.
Entre las denuncias, el caso de los cuatro niños del barrio guayaquileño Las Malvinas es hasta ahora el único que ha terminado con condenas penales.
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser interceptados por una patrulla militar en la ciudad de Guayaquil y sus cuerpos aparecieron calcinados semanas después.
Un tribunal del Guayas condenó posteriormente a 16 militares por desaparición forzada y la Corte Constitucional determinó en marzo de 2026 que los cuatro menores fueron víctimas de ese delito, por lo que ordenó medidas de reparación para sus familias.
El Estado ecuatoriano reconoció después públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas a los familiares.
Para las organizaciones de derechos humanos, esa sentencia constituye un precedente, pero no cierra las otras investigaciones ni responde a las familias que todavía buscan a sus desaparecidos.
En ese contexto, el CDH y el Comité de Familiares por la Verdad y Justicia preparan para este 31 de agosto y el 1 de septiembre en Quito una jornada denominada “Contra el olvido: Mientras nosotras buscamos, el Estado oculta”.
Las actividades incluirán un plantón frente al Ministerio de Defensa, una concentración ante el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, y un acto público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para reclamar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana.
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