“¿Quién asume la responsabilidad y bajo qué procedimiento se investiga un delito cometido dentro de una institución correccional en Puerto Rico?”, planteó la senadora del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).
La parlamentaria presentó la Resolución Conjunta del Senado 206, que ordena a ambas agencias públicas elaborar, adoptar e implementar el protocolo conjunto dispuesto en el Artículo 59 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.
Ese artículo establece que Policía y Corrección deben acordar cómo intervendrán e investigarán los delitos y faltas que ocurran dentro de las instituciones correccionales.
“Han transcurrido 15 años desde que se estableció este mandato y cuando hablamos de delitos dentro de nuestras cárceles podemos estar hablando de sustancias controladas, armas, explosivos y hasta crimen organizado”, expresó Pérez Soto.
Ante situaciones de esta naturaleza no puede existir espacio para dudas sobre quién investiga, quién interviene, cuál agencia tiene determinada responsabilidad o cómo se comparte la información.
“Lo que estamos exigiendo es claridad, coordinación y cumplimiento con la ley”, afirmó la senadora ante la medida que establece que el protocolo deberá delimitar los mecanismos de coordinación entre ambas agencias, así como la jurisdicción y responsabilidad de cada entidad.
Pérez Soto destacó que la iniciativa no pretende crear una nueva responsabilidad para las agencias, sino hacer cumplir una disposición que forma parte del ordenamiento vigente.
De hecho, al evaluar una medida anterior dirigida al mismo mandato legal la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que tal obligación no representa impacto fiscal adicional, precisamente porque requiere el cumplimiento de disposiciones existentes y no la creación de nuevos programas.
“No estamos solicitando crear otra estructura gubernamental ni gastar millones de dólares; estamos requiriendo que dos componentes fundamentales de nuestro sistema de seguridad pública tengan claramente establecido cómo van a trabajar juntos cuando ocurre un delito detrás de los muros de una institución correccional”, precisó la senadora Pérez Soto.
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