El plagio de un empresario vinculado la minería ilegal y el asesinato de dos mujeres y dos hombres que lo acompañaban se registró en la norteña ciudad de Trujillo y los atacantes llevaban chalecos de policías.
Ante el hecho, el primer ministro, Luis Galarreta, anunció anoche, tras una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Defensa e Interior, el envío del primero, Rafael Belaúnde, a Trujillo para conducir las acciones de las Fuerzas Armadas.
Agregó que es urgente que el Parlamento atienda el pedido de facultades legislativas sobre de 66 temas políticos y señaló que son necesarias para combatir el desborde de la criminalidad.
Señaló que las herramientas para esa lucha son insuficientes y se necesitan información de los servicios de inteligencia sobre las organizaciones delictivas, entre otras medidas de urgencia.
La presentación de Galarreta no incluyó al general Arriola, quien se resiste con su silencio a renunciar como le piden amplios sectores que consideran fracasada su gestión.
Tal destitución de Arriola es imposible por una ley aprobada por el Congreso en 2021 para evitar que el entonces presidente Pedro Castillo pueda relevar al titular de la Policía Nacional de la época.
Después de lo sucedido ayer en Trujillo, la bancada parlamentaria de Renovación Popular (FP), partido de derecha extrema e intermitente aliado del Ejecutivo, pidió la renuncia inmediata del jefe policial.
El diputado de RP Diego Bazán declaró que, pese a diferencias, su bancada se sumará al proyecto de ley presentado por la diputada Catherin Palomino, del partido progresista Juntos por el Perú, para incluir un nuevo requisito que haga posible el retiro de Arriola.
La ley vigente establece que el titular de la Policía solo puede dejar el cargo por muerte, renuncia o incapacidad física permanente, falta grave, condena judicial por delito doloso o delito flagrante.
Resulta abrumador el rechazo al titular de la Policía, pues lo comparten inclusive legisladores del partido gobernante Fuerza Popular y la gran mayoría de medios de prensa.
El proyecto de la diputada Palomino plantea añadir la causal de cese la afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.
Los fundamentos del proyecto de ley consignan que el número de asesinatos aumentó de mil 511 en 2023 a dos mil 218 en 2025, en lo que va del año se registran 6,07 muertes violentas cada día y en los 26 primeros días del gobierno de Fujimori hubo 134 homicidios.
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