Según expuso, ese grupo “concentrará las capacidades del Ejército Nacional, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, con articulación de la Fiscalía y la Judicatura” con el fin de capturar y llevar ante la justicia a las estructuras que extorsionan a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias colombianas.

Anunció además la conformación de un “bloque de búsqueda anticorrupción”, que va a depender directamente de su Despacho.

El gobernante apuntó que funcionará como un equipo élite conformado por la Policía Judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Información y Análisis Financiero, Dirección de Impuestos y Aduanas y Cooperación Internacional.

“Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción”, refirió.

Por otra parte, confirmó que puso fin a tres procesos de diálogos iniciados por la anterior administración mediante la expedición de nueve resoluciones.

Dio por terminados así los espacios desarrollados con las estructuras conocidas como EMBF vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano relacionada con los autodenominados Comandos de Frontera, y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Alegó que tomó la decisión “porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia” por parte de los referidos grupos.

De la Espriella señaló que las resoluciones también dejan sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores por parte del Gobierno en esas pláticas.

“La paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la República”, enfatizó.

Remarcó el jefe de Estado que quienes abandonen las armas tendrá los mecanismos establecidos por la ley para someterse a la justicia, pero quien persista “encontrará enfrente toda la capacidad del Estado”.

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