La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del referido tribunal, que como parte del caso 08 investiga crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado, señaló a los 12 hombres como máximos responsables por conformar una alianza criminal con los paramilitares que derivó en un evento de proporciones letales.

Según reveló en su comunicado la JEP, la asociación tenía como objetivo expulsar de Barrancabermeja al “enemigo común”, identificado como la guerrilla, para lo cual pusieron en marcha la toma paramilitar de Barrancabermeja, en el noroeste de Colombia, entre 1998 y 2000.

Tras el suceso, se identificaron 473 víctimas individuales y 14 masacres, así como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, la Unión Sindical Obrera y la organización defensora de derechos humanos Credhos.

De acuerdo con el órgano de justicia transicional, esta decisión constituye un hito judicial pues marca la primera ocasión en la que se imputa penalmente a integrantes de la fuerza pública por el conjunto de hechos criminales que constituyen la toma paramilitar de Barrancabermeja.

La JEP aseguró que el análisis de los sucesos incluyó la inspección de los archivos de la inteligencia militar, de los batallones del Ejército, el Comando Especial de la Policía y del Corporativo de Seguridad de la empresa Ecopetrol, así como 35 versiones voluntarias, 10 declaraciones juradas, 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, y observaciones de 72 voceros de víctimas.

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