El paso a favor de la propuesta de enmienda constitucional 221/2019 fue mediante votación simbólica, y ahora deberá ser sometida al pleno del Senado, donde necesita obtener el respaldo de tres quintos de los parlamentarios (49) en dos rondas de votación.

Mediante el texto aprobado se establece una reducción de la jornada máxima semanal de las actuales 44 a 40 horas, sin disminución salarial, además de garantizar dos días de descanso remunerado cada semana.

Tal modificación contempla un período de transición de 14 meses para la aplicación de las nuevas reglas.

De los 27 senadores presentes en la CCJ, cuatro registraron votos contrarios: Rogério Marinho, líder de la oposición, Hamilton Mourão, Tereza Cristina y Jaime Bagattoli.

El relator de la propuesta, Omar Aziz, rechazó las 36 enmiendas presentadas durante el debate, incluidas iniciativas destinadas a mantener la posibilidad de jornadas 6×1, ampliar el período de transición hasta cuatro años y postergar la aplicación de las nuevas normas.

La oposición argumentó que la reducción de la jornada podría incrementar los costos empresariales, la inflación, el desempleo y la informalidad.

Marinho defendió como alternativa un régimen laboral basado en horas trabajadas y una mayor libertad para negociar individualmente las condiciones entre empleadores y trabajadores.

También fue rechazada una propuesta para mantener un solo día de descanso remunerado semanal.

Por su parte, Aziz cuestionó los acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores al considerar que existe una desigualdad de poder en esa relación.

Sostuvo que las negociaciones colectivas ofrecen mayores garantías para los trabajadores.

Durante la sesión, la senadora Eliziane Gama se refirió a la reducción de la jornada como una medida destinada a mejorar las condiciones de vida de los empleados.

Afirmó que la reforma tendría especial impacto sobre las mujeres, muchas de las cuales enfrentan simultáneamente responsabilidades laborales y domésticas.

Los defensores de la iniciativa consideran que el modelo 6×1 impone una carga excesiva a los trabajadores y limita el tiempo disponible para la vida familiar, el descanso y otras actividades.

Sus detractores sostienen que una reducción obligatoria de la jornada podría elevar los costos de las empresas y afectar la contratación.

Medios de prensa apuntaron que la aprobación en la CCJ representa un nuevo paso legislativo para una reivindicación respaldada por organizaciones sindicales y movimientos de trabajadores.

Sin embargo, la propuesta todavía deberá superar el debate y las dos votaciones requeridas en el pleno del Senado antes de convertirse en una reforma constitucional.

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