Esta última cifra es también el promedio destinado a ese sector por las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó el análisis.
El estudio, divulgado hoy, en vísperas del debate sobre la Ley de Presupuesto de 2027, sitúa a Italia en el decimoquinto lugar entre los 27 países europeos del área OCDE en gasto sanitario público por habitante y en la última posición entre las economías del Grupo de los Siete (G7).
La Fundación, que utilizó el conjunto de datos OECD Health Statistics, actualizado el 17 de julio de 2026, calcula que el gasto público sanitario italiano alcanzó en 2025 los tres mil 952 dólares por habitante, frente a cuatro mil 861 de promedio en la OCDE y cuatro mil 965 en los países europeos considerados en la comparación.
De tal forma, el contraste con la media europea asciende a mil 13 dólares por persona en términos de paridad de poder adquisitivo, equivalente a unos 612,4 euros.
Gimbe estima que, trasladada al conjunto de la población italiana, la brecha supera los 36 mil millones de euros. El dato más significativo no es solamente el nivel alcanzado en 2025, sino su evolución, explicó la organización dedicada a la investigación, la formación y la difusión científica en el ámbito de la salud.
Para el presidente de Gimbe, Nino Cartabellotta, lo sucedido refleja un problema estructural de financiación del Servicio Sanitario Nacional, con efectos que trascienden las estadísticas presupuestarias, reportó este miércoles el diario Il sole 24 ore.
En su opinión, el menor esfuerzo público se traduce en mayores dificultades para garantizar los niveles esenciales de asistencia, presiones sobre los servicios de urgencias, listas de espera, escasez de médicos de familia y crecientes desigualdades territoriales y sociales.
También vinculó esta situación con el aumento de los recursos a la sanidad privada y con la renuncia a determinadas prestaciones por razones económicas.
Datos de Gimbe indican que en 2024 unos 5,8 millones de personas en Italia renunciaron a exámenes diagnósticos o consultas especializadas, cerca de una décima parte de la población.
Para Cartabellotta, es necesario abandonar el tradicional debate anual sobre cuánto dinero adicional se asignará al sistema y avanzar hacia un compromiso político de más largo plazo, acompañado de reformas capaces de convertir los recursos en servicios accesibles y homogéneos en todo el territorio.
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