La denuncia fue presentada por el Núcleo de Combate a los Delitos Cibernéticos del Grupo de Actuación Especializada contra el Crimen Organizado de dicha entidad, precisó agencia Brasil.
Según las investigaciones, los acusados habrían ocultado o disimulado ilegalmente al menos cinco millones 200 mil reales (un millón de dólares), mediante operaciones realizadas a través de empresas vinculadas al sector de las apuestas deportivas en línea.
Ese dinero tendría su origen en actividades relacionadas con el denominado juego del bicho, una modalidad de apuestas clandestinas tradicionalmente extendida en Brasil.
Como parte de las pesquisas, la Coordinación de Seguridad e Inteligencia del Ministerio Público cumplió órdenes de búsqueda y aprehensión en direcciones situadas en los barrios de Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo y el centro de Río de Janeiro.
Las acciones también se extendieron a los estados de Paraná y Goiás, con apoyo de esos territorios.
A solicitud del Ministerio Público, la Justicia determinó además la suspensión de las actividades y de los registros nacionales de personas jurídicas de las empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, señaladas en la pesquisa.
De acuerdo con la acusación, recursos provenientes de la contravención eran incorporados al circuito económico formal mediante la casa de apuestas Rio Jogos, operada por la empresa Lema Administração e Participações S/A.
Para facilitar las operaciones, los investigados habrían recurrido a distintas compañías y a personas utilizadas como presuntos testaferros.
El rastreo financiero realizado durante la investigación identificó una operación considerada central para el esquema, pues el 6 de mayo de 2024 la empresa Lema recibió dos aportes de dos millones 500 mil reales cada uno (490 mil dólares por operación).
Uno de los depósitos procedía de João Eric Lourenço da Silva y el otro de la empresa Apoio Consultoria Financeira, perteneciente a dos de los denunciados.
Dicho día, Lema transfirió cinco millones 200 mil reales (un millón de dólares), a la Lotería del Estado de Río de Janeiro para pagar la autorización necesaria con el fin de explotar apuestas de cuota fija.
La denuncia fue recibida por la Segunda Sala Especializada en Organizaciones Criminales de Río de Janeiro, que deberá dar continuidad al proceso judicial.
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