“El pueblo brasileño tiene el derecho de saber la verdad”, sostuvo el mandatario en un video difundido en sus redes sociales, en el que defendió investigaciones firmes y transparentes sobre el caso que involucra a la entidad financiera.

Al calificar el episodio como “el mayor robo de la historia de Brasil”, el gobernante afirmó que millones de personas de distintos estados y municipios resultaron perjudicadas.

Lula señaló que el banquero Daniel Vorcaro, identificado como líder del esquema investigado, mantiene relaciones con personas poderosas, y añadió que fue durante su Gobierno que el empresario fue detenido y el Banco Master cerrado.

Afirmó que existen sospechas sobre la participación de políticos y agentes públicos en ese caso y demandó que las pesquisas alcancen a todas las personas involucradas, sin protección derivada de sus posiciones.

Es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin blindaje de nadie, duela a quien duela, manifestó.

Lula también cuestionó la divulgación de ciertas informaciones relacionadas con las investigaciones y advirtió que la democracia brasileña no puede quedar “rehén de filtraciones selectivas”.

Ante la gravedad del caso, pidió al presidente del Supremo Tribunal Federal y a la Procuraduría General de la República que lideren un proceso capaz de preservar la integridad de las pesquisas y la confianza en las instituciones.

El jefe de Estado sostuvo que la respuesta debe incluir firmeza y transparencia para garantizar que las instituciones sean respetadas por la sociedad brasileña.

Consideró además que los sistemas político y judicial del país necesitan reformas profundas y reclamó que quienes ejercen funciones públicas coloquen el compromiso con el interés colectivo por encima de intereses individuales.

“La democracia necesita instituciones fuertes y respetadas”, afirmó el mandatario.

El Banco Master, controlado por Vorcaro, fue objeto de una investigación de la Policía Federal (PF) por presuntas operaciones fraudulentas, entre las cuales figuran la emisión y negociación de títulos de crédito falsos y operaciones destinadas a ocultar la situación financiera real de la institución.

La PF sostiene que el empresario, quien se encuentra preso preventivamente en el marco de las pesquisas, habría encabezado un esquema de fraudes de miles de millones de reales y, en una nueva fase de la operación, también se investigan posibles delitos de corrupción, lavado de dinero, amenazas e invasión de dispositivos informáticos.

Además del impacto económico, el caso ha tenido gran repercusión política por las revelaciones sobre supuestos vínculos de Vorcaro con autoridades de alto nivel, incluidos integrantes del Supremo Tribunal Federal.

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