La posición aparece recogida en un pronunciamiento de esa organización de izquierda en respuesta a una comunicación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), que solicitó un espacio para presentar al colectivo un informe sobre los avances en la elaboración de una nueva Carta Magna.

El FAD consideró urgente crear condiciones que permitan la participación organizada y directa de los sectores históricamente excluidos, como vía para impulsar una Constituyente Originaria y Soberana capaz de promover transformaciones profundas en los ámbitos económico, político, social, cultural y ambiental.

A juicio de la organización, una nueva Constitución no puede elaborarse de manera abstracta ni al margen de la realidad nacional, sino que debe responder a las demandas e intereses de la sociedad y contar con condiciones políticas y sociales que garanticen su viabilidad.

En ese sentido, el FAD expresó preocupación por el escenario que, según afirmó, está marcado por autoritarismo, represión, persecución y procesos judiciales contra dirigentes y organizaciones sociales, además de corrupción e impunidad que alcanzarían a los distintos órganos del poder público.

Por ello, rechazó que sean las instituciones tradicionales del Estado o el Tribunal Electoral las encargadas de definir las condiciones para elegir a los constituyentes y conducir el proceso, al considerar que una Asamblea Constituyente debe surgir de las bases sociales y populares y no estar limitada por los mecanismos de la actual Constitución.

El pronunciamiento contrasta con la iniciativa impulsada por Sepresac, que busca elaborar una nueva Constitución mediante un proceso participativo, en lugar de limitarse a modificar la Carta Magna vigente.

De acuerdo con el esquema preliminar presentado por Sepresac, una vez concluida la etapa de alfabetización constitucional se establecerían los requisitos para aspirar a integrar la Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían escogidos mediante voto popular.

La propuesta contempla 55 constituyentes, 20 de representación nacional y 35 provinciales, con el objetivo de asegurar un equilibrio territorial.

El calendario preliminar prevé que la Asamblea sesione durante mayo y junio de 2027 para debatir y aprobar un proyecto constitucional elaborado a partir de propuestas de distintos sectores de la sociedad.

Posteriormente, el texto sería sometido a un proceso de divulgación y discusión pública durante entre seis y nueve meses, antes de llegar a un referéndum nacional. De ser aprobado, la nueva Constitución entraría en vigor en enero de 2029.

La controversia coloca así en el centro del debate no solo el contenido de una eventual nueva Constitución, sino también quién debe conducir el proceso, bajo qué reglas y, sobre todo, cuál debe ser el papel de la ciudadanía en la definición del futuro institucional de Panamá.

mem/ga