En una visita a la región nor-selvática de San Martín, se explayó sobre el primer tema, al señalar que las facultades legislativas son necesarias “para enfrentar a la criminalidad organizada”.

Las medidas son requeridas, dijo, para clasificar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o grupos terroristas, fortalecer el servicio de inteligencia que desde hace años carece de capacidad operativa.

También para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y apliquen mayor control a las cárceles y para contar con una política de rápida expulsión de migrantes indocumentados.

El Gobierno plantea una aprobación global de las facultades, pero entre las bancadas legislativas crece la inclinación a priorizar los problemas de la inseguridad y del Fenómeno El Niño y meditar sobre temas no urgentes o polémicos.

Entre esos se cuenta el proyecto de eliminar los límites de los intereses bancarios, afectando a los deudores y para lo cual los defensores de la medida argumentan que, aún a costa de intereses más altos y por la proliferación del agio delincuencial, será más conveniente para el acceso se sectores de bajos ingresos al crédito.

Las facultades incluyen igualmente nuevos recortes de derechos laborales, según las centrales sindicales que han advertido que no permitirán esas medidas.

La bancada progresista del partido Juntos por el Perú y sectores centristas acusan al Ejecutivo de presionar por la aprobación con el argumento que todo el paquete de medidas es necesario para un combate mayor contra la criminalidad.

Versiones periodísticas anuncian la quiebra de la unidad de la oposición parlamentaria centrista y progresista, que juntas hacen mayoría en la Cámara de Diputados, cuya aprobación es indispensable para que las facultades pasen a manos del Senado, lo que las bloquearía.

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