En un comunicado, dicho organismo condenó las consecuencias de la operación Muro de Hierro, una ofensiva militar a gran escala lanzada por Tel Aviv en enero de 2025, centrada principalmente en los campamentos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, y criticó que se continúe impidiendo el regreso de las personas que fueron expulsadas de esos lugares.

Además, señaló que esa acción provocó la muerte de civiles, destruyó o dañó cientos de viviendas y afectó infraestructuras esenciales.

Las fuerzas israelíes también cortaron o interrumpieron el acceso al agua y la electricidad, obstaculizaron la llegada de ayuda humanitaria y llevaron a cabo operaciones puerta a puerta para obligar a los habitantes de los campamentos a abandonar sus hogares, indicó.

«La forma en que se llevó a cabo dicho plan sugiere que su objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos y dar paso a más asentamientos israelíes ilegales, violando una vez más el derecho internacional», aseveró el alto comisionado Volker Türk.

Asimismo, recordó que hasta julio de 2026, seguían desplazados por la fuerza más de 33 mil refugiados de esos tres centros.

La ONU advirtió que lo anterior puede ser considerado un crimen de lesa humanidad y recordó que el uso de ataques aéreos, excavadoras blindadas y explosiones controladas para hacer inhabitables los campamentos, expulsar a sus habitantes e impedir su regreso, cuando no esté justificado por una necesidad militar imperiosa, contraviene el derecho internacional.

Estas prácticas también podrían constituir una forma de castigo colectivo y hacen temer una posible limpieza étnica, afirmó la Oficina.

Para Türk, esos hechos deben ser objeto de investigaciones independientes y exhaustivas, y los presuntos responsables de violaciones del derecho internacional deben rendir cuentas.

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