Mediante un comunicado, la institución reafirmó primero su compromiso con el respeto estricto a las garantías constitucionales de todos los chapines y reconoció el derecho a la libre manifestación, expresión y emisión del pensamiento.
No obstante, instó a los participantes de los cierres de vías a la conciencia social. ”La libertad de locomoción es un derecho fundamental de toda la ciudadanía”, acotó.
Negó que se pueda obstaculizar ni bloquear de forma permanente el paso en las carreteras y arterias de la nación.
Exhortó a que se garanticen pasos alternos e intermitentes, así como a priorizar en todo momento el tránsito de personas que se trasladan a tratamientos médicos u hospitales.
Igualmente, el transporte e ingreso de medicamentos, insumos sanitarios y alimentos esenciales para las familias.
Insistió en un diálogo abierto con los sectores convocantes, mientras divulgó que solicitó formalmente el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de las autoridades de gobernación, con el fin de actuar como mediadores en los puntos de concentración.
Además, para que velen por las garantías de todos los involucrados y evitar quelas manifestaciones pacíficas se salgan de control.»
Convocó a las organizaciones y líderes comunitarios a mantener la vigilancia interna para evitar que personas infiltradas ajenas a sus demandas generen disturbios, vandalismo o alteración del orden público.
Mantendremos los protocolos con enfoque de derechos humanos, pero actuaremos con la firmeza de la ley ante actos que vulneren la paz social o constituyan delitos en la vía pública, enfatizó la PNC.
El Congreso aprobó un subsidio de mayo a julio último que atenuó la situación, pero ante un panorama de constantes alzas nuevamente a esta semana se han dado los mayores cierres continuos convocados por las gremiales, con sus correspondientes afectaciones a la movilidad, entre otras.
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