En la apertura de esta fase de auditoría social el sábado último ningún ciudadano llegó a la capitalina Universidad Rafael Landívar a presentar impedimentos fundamentados contra los candidatos aún en la carrera (de 58 que comenzaron).

Los 27 encargados de la selección informaron que mañana los solicitantes están citados para esa misma casa de altos estudios a fin de practicar pruebas psicométricas.

Sin facultad de ciencias económicas, ese centro suele practicar este tipo de evaluaciones en los distintos procesos de comisiones de postulación, debido a que cuenta con estándares internacionales, según explicaron observadores.

La postuladora descartó que los resultados se hagan públicos, pero sí que llegarán a su mesa para contar con mayores criterios al momento votar por la nómina final.

Deberá enviar al Congreso, a más tardar el próximo 22 de septiembre, una lista con los seis mejores profesionales para que el pleno de diputados elija al próximo titular de la CGC.

Igualmente, la ciudadanía contará con un plazo para presentar impugnaciones a la nómina final, las cuales deben resolverse en un máximo de 72 horas.

Analistas locales calificaron de estratégica la elección del titular de la CGC del país debido al enorme poder de fiscalización y sanción que ostenta.

Precisaron que la institución no solo supervisa en qué se gasta cada centavo del presupuesto público, sino que sus decisiones inciden directamente en el equilibrio de poderes.

La CGC vigila compras, contratos e infraestructura pública, previniendo el desvío de fondos o la sobrevaloración de obras.

Su jefe puede presentar denuncias ante el Ministerio Público contra funcionarios o entes sospechosos de anomalías, además de fijar hallazgos que inmovilizan proyectos.

Organizaciones civiles advirtieron sobre esta elección un riesgo de cooptación como escudo de impunidad, ya que la CGC fue históricamente disputada por redes de influencia política y sectores señalados de corrupción.

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