Tal decisión fue adoptada por el juez federal Antonio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa, quien ordenó detener las operaciones de la empresa Sigma Mineração S.A. en los municipios de Itinga y Araçuaí, en el Valle del Jequitinhonha.

De acuerdo con agencia Brasil, la medida respondió a una solicitud presentada por la Federación de Comunidades Quilombolas (descendientes de personas esclavizadas) de Minas Gerais. Esa entidad denunció presuntas irregularidades en los estudios de impacto ambiental realizados para el emprendimiento, cuya actividad minera comenzó en 2023 como parte de los proyectos del llamado Valle del Litio.

Según la organización, al menos tres comunidades quilombolas, Baú, Genipapo Pintos y Jenipapo II, se encuentran dentro del área de impacto directo de la explotación y no fueron consultadas, requisito establecido para la autorización de las licencias.

Dicha federación sostiene, además, que la empresa subestimó la distancia entre las operaciones mineras y los territorios tradicionales para facilitar la obtención de los permisos correspondientes ante los organismos ambientales del estado.

Por su parte, Sigma Mineração argumenta que las comunidades se encuentran fuera del radio de ocho kilómetros que obliga a realizar consultas antes de conceder una licencia, de acuerdo con los datos de georreferenciación incorporados al proceso judicial.

Sin embargo, informaciones del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria indican una situación diferente: la comunidad de Baú está situada a 2,3 kilómetros del área directamente afectada por la actividad minera, por lo que estaría dentro de la zona de protección legal.

Ante las discrepancias entre los registros, el magistrado determinó la realización de una nueva pericia para establecer con precisión las distancias entre el complejo y las comunidades tradicionales.

Hasta que se esclarezca esa situación, todas las actividades mineras deberán permanecer paralizadas.

El juez consideró que la continuidad de la explotación sin la consulta correspondiente representa una afectación permanente a la integridad física y sociocultural de las comunidades, además de advertir sobre el riesgo de daños irreversibles.

Los autos del proceso indican que desde el inicio de las operaciones en Grota do Cirilo, Sigma Mineração recibió una multa de dos millones de reales (400 mil dólares) del Gobierno de Minas Gerais por incumplimiento de obligaciones ambientales.

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