De acuerdo con Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s, el país mantiene desde 2024 una perspectiva negativa, debido principalmente a los desafíos fiscales que enfrenta, pese a conservar un crecimiento económico dinámico y resiliente.

Ante la prensa, el ejecutivo describió la situación como un “empate técnico”, pues mientras dos factores sostienen la condición de grado de inversión, otros dos la debilitan. Entre las fortalezas, destacó el potencial de crecimiento de la economía panameña, con una expansión prevista cercana al cuatro por ciento anual, comportamiento que se ha mantenido relativamente estable pese a los ajustes fiscales.

Según el especialista, Panamá figura entre las economías más dinámicas de la región y presenta perspectivas favorables en comparación con países como Paraguay, México y Colombia, aunque enfrenta mayores desafíos en materia fiscal.

Precisamente las cuentas públicas constituyen, a juicio de Moody’s, el “talón de Aquiles” de Panamá. La deuda pública podría situarse entre 66 y 67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026, aunque se espera su estabilización durante los próximos años.

El déficit del sector público no financiero, entretanto, pasó de 3,7 por ciento en 2025 a 3,4 por ciento en 2026 y se proyecta en 3,2 por ciento para 2027.

Reusche consideró, sin embargo, que estabilizar la deuda no será suficiente y reclamó una reducción sostenida de los desequilibrios fiscales.

Moody’s también estima necesarias reformas estructurales en áreas como educación, gasto público y asignación de salarios en el sector estatal, medidas que hasta ahora no se han concretado plenamente y que mantienen la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal del país.

La situación de la mina Cobre Panamá, en Donoso (Colón) constituye para Moody’s la principal “variable X” para determinar el futuro de la perspectiva crediticia del país.

Al respecto, Reusche explicó que una eventual reapertura de la mina, acompañada de una renegociación contractual, podría generar ingresos adicionales por regalías equivalentes a más de 0,4 por ciento del PIB, especialmente ante los actuales precios del cobre y mejores condiciones fiscales.

En el escenario contrario, si el proyecto no se reactiva y la empresa opta por un arbitraje internacional, el impacto para el Estado podría alcanzar hasta 19 puntos del PIB, según las estimaciones citadas por el ejecutivo.

La indefinición sobre el futuro del proyecto minero podría prolongar la incertidumbre en torno a la perspectiva negativa que Moody’s mantiene sobre Panamá desde 2024.

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