«Moldavia presiona las estructuras del Patriarcado de Moscú. Eso se manifiesta en forma de presión política. Pero no nos olvidemos de los Estados bálticos, en particular, de Estonia, donde existe una presión legislativa directa para lograr que la Iglesia Ortodoxa Estonia rompa los lazos con el Patriarcado de Moscú», dijo Mélej los periodistas.

Según el diplomático, los políticos estonios actualmente interfieren en el derecho canónico, pues la presión se desarrolla el ámbito religioso.

«Esto, desde nuestro punto de vista, es una violación indiscutible del derecho a la libertad religiosa», subrayó el representante especial de la Cancillería rusa.

Mélej señaló al mismo tiempo que Moscú, a su vez, regula las relaciones entre el estado y las confesiones religiosas de conformidad con la política de no injerencia.

«Con respecto a todos estos conflictos, estamos en posiciones firmes de no intervención de los políticos en la esfera religiosa. En este sentido, en Rusia hay una experiencia muy rica», recalcó.

A finales de mayo de este año el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Moldavia Marchel denunció que fue detenido en el aeropuerto de Chisinau cuando se disponía a emprender una peregrinación a Turquía, y fue registrado y liberado sólo después de que terminara el embarque del avión en el que viajaría.

Los pasados 17 y 18 de abril, el arzobispo Marchel emprendió dos intentos de volar a Jerusalén desde Chisinau, pero no logró hacerlo tras estar sometido a controles intencionados y, al final, se le confiscó el pasaporte. El incidente generó críticas a nivel mundial.

El Patriarcado de Moscú expresó su preocupación por las acciones de las autoridades moldavas, que catalogó de una violación de la libertad religiosa.

Por su parte el ministro del Interior de Estonia, Igor Taro, declaró el pasado 8 de junio, tras el fallo de la Corte Suprema sobre las enmiendas a la Ley de Iglesias y Parroquias, que la Iglesia Ortodoxa Cristiana Estonia debe poner fin a su relación con el Patriarcado de Moscú.

En particular, las enmiendas persiguen «prevenir la propagación de influencias hostiles entre los feligreses o las personas que viven en monasterios».

La mencionada ley había sido respaldada previamente por la Comisión Constitucional del Parlamento estonio. Aunque el entonces presidente del país, Alar Karis, expresó dudas sobre su compatibilidad con la Constitución, el Legislativo la aprobó sin modificaciones.

En octubre de 2025, Karis remitió el texto al Tribunal Supremo, que volvió a declararlo conforme a la legislación estonia.

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