El encuentro ocurre en medio de posiciones encontradas sobre el Proyecto de Ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento) el pasado 27 de agosto con 47 votos a favor y uno en contra.
La nueva norma modifica la Ley 6 de 1987 e incrementa beneficios en áreas como medicamentos, servicios de salud, transporte aéreo, hoteles, espectáculos y servicios básicos.
Mulino reconoció días atrás que su Gobierno todavía no dispone de una fórmula que garantice la sostenibilidad económica de la legislación y advirtió que su aplicación podría generar obligaciones financieras sin precisar las fuentes de recursos para cubrirlas.
El mandatario dispone de 30 días para sancionar o vetar la propuesta y ha insistido en la necesidad de encontrar una alternativa que permita mantener los beneficios sin comprometer las finanzas públicas.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría, reiteró su solicitud de veto total y abogó por focalizar las ayudas hacia los adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad.
El dirigente empresarial alertó que el impacto económico de los descuentos obligatorios resulta difícil de calcular y podría traducirse en menores márgenes para las empresas, desempleo, incremento de precios y una reducción de la recaudación tributaria.
La Cciap ha advertido particularmente sobre la presión que la medida podría ejercer sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá planteó un veto parcial y técnico y propuso una mesa de trabajo con participación del Gobierno, empresarios y jubilados para revisar el alcance de la norma y sus efectos económicos.
Los representantes de los jubilados defienden la aprobación de la ley al considerar que actualiza una legislación con casi cuatro décadas de vigencia y responde a las necesidades de un sector cuyos ingresos resultan insuficientes para afrontar el alto costo de vida.
El parlamento señaló que la reforma busca ampliar la protección económica y social de los adultos mayores.
El encuentro convocado por Mulino pretende, por tanto, conciliar las demandas de los jubilados con las advertencias del sector privado y las restricciones fiscales del Estado, antes de que el Ejecutivo adopte una decisión definitiva.
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