En un comunicado divulgado por la Cancillería, los familiares se deslindaron de las recientes manifestaciones y pronunciamientos promovidos por la organización contrarrevolucionaria autodenominada Camino a la Democracia, al considerar que esas acciones no representan su posición ni contribuyen a resolver el caso.

“Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a esa organización y a terceros abstenerse de realizar pronunciamientos públicos en nombre de los detenidos, pues “no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”.

Los familiares reconocieron además las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Panamá en Cuba para dar seguimiento al caso y procurar la protección y el respeto de los derechos de los ciudadanos detenidos.

El canciller Javier Martínez-Acha se reunió recientemente con familiares de los connacionales y explicó que Panamá mantiene el acompañamiento, aunque debe respetar las leyes y procedimientos establecidos por las autoridades cubanas.

Entre las alternativas examinadas, según el diplomático, figura la posibilidad de que, si los procesos judiciales concluyen con sentencias condenatorias, los siete ciudadanos puedan cumplir eventualmente sus penas en Panamá, opción que requiere ajustarse a la legislación de ambos países y a los instrumentos jurídicos aplicables.

La Cancillería indicó que mantiene un seguimiento permanente del caso, en el que también está involucrado el presidente José Raúl Mulino.

Los ciudadanos permanecen detenidos desde febrero pasado, en el marco de una investigación relacionada con hechos de propaganda contra el orden constitucional cubano.

A finales de abril, las autoridades cubanas liberaron, como gesto de humanidad y amistad, a tres mujeres que integraban inicialmente el grupo: Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño.

El Ministerio del Interior de Cuba había informado a inicios de marzo sobre la detención en La Habana de 10 ciudadanos panameños, a quienes atribuyó hechos de propaganda contra el orden constitucional, tipificados en el artículo 124 del Código Penal.

Según la información oficial cubana, las investigaciones determinaron que los implicados habían sido orientados para ingresar al país con el propósito de confeccionar y colocar letreros de contenido subversivo y que recibirían entre mil y mil 500 dólares cada uno tras regresar a Panamá.

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