El señalamiento aparece en un informe elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y otras seis organizaciones, basado en una visita al país andino en marzo pasado, cuyos resultados fueron presentados durante una rueda de prensa este jueves en Quito.
El documento advierte sobre el uso recurrente de estados de excepción y la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en un contexto de violencia que también afecta a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Soraya Gutiérrez, de la FIDH, cuestionó la progresiva normalización de medidas excepcionales y advirtió que la política de seguridad debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
“Ecuador está ante una encrucijada: o fortalece el Estado de derecho o profundiza la crisis”, afirmó la activista.
Por su parte, César Sivo, de la Asociación Americana de Juristas, señaló que “la independencia judicial no es negociable” y consideró que sin poderes autónomos el Estado de derecho se debilita.
El informe recoge denuncias de criminalización de protestas, amenazas contra periodistas y defensores, así como sanciones administrativas y financieras contra organizaciones de la sociedad civil.
El representante de la organización Civicus, Eduardo Marenco, afirmó que existe un “preocupante y acelerado deterioro del espacio cívico”, agravado por la represión de las movilizaciones de 2025, cuando el movimiento indígena protagonizó protestas contra el fin del subsidio al diésel y otras medidas gubernamentales.
Igualmente, los colectivos denunciaron además estigmatización y persecución contra quienes defienden derechos humanos y ambientales, a quienes autoridades han relacionado con el crimen organizado.
El informe también aborda los conflictos vinculados con actividades mineras, petroleras, agroindustriales, pesqueras e hidroeléctricas, y cuestiona que estos territorios sean gestionados bajo criterios de seguridad nacional.
Entre sus recomendaciones, pidieron limitar la participación militar en seguridad interna, fortalecer los controles civiles y judiciales y garantizar la independencia de las instituciones.
En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas que incluyen estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
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