Por Mario Muñoz Lozano

La discusión, que entrará en una fase decisiva durante las próximas semanas, tendrá como telón de fondo una economía de crecimiento moderado y el compromiso de Roma con una trayectoria de reducción del déficit público.

El Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni deberá encontrar un equilibrio entre disciplina fiscal y medidas destinadas a reducir la presión tributaria y sostener el poder adquisitivo de familias y empresas.

Uno de los primeros puntos de referencia será la actualización de las cuentas nacionales que difundirá el Instituto Nacional de Estadística (Istat) el próximo 22 de septiembre.

Según especialistas, la revisión de los datos correspondientes a 2025 será determinante para establecer el margen efectivo de maniobra del Gobierno y para valorar las posibilidades de una salida anticipada del procedimiento europeo por déficit excesivo.

La principal tensión política se encuentra dentro de la propia mayoría de derecha en el Gobierno, con el partido Liga, encabezado por el vice primer ministro, Matteo Salvini, reclamando una política presupuestaria más expansiva y exigiendo elevar en al menos 20 mil millones de euros el déficit previsto para 2027.

El también ministro de Transportes sostiene que esos recursos deberían permitir financiar nuevas medidas para las familias, las empresas, la seguridad y otros capítulos considerados prioritarios por su partido.

Su posición contrasta con la línea más prudente defendida por Meloni, quien ha insistido en la necesidad de preservar la credibilidad financiera de Italia y avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos europeos.

El debate revela así una contradicción que probablemente dominará la elaboración de la ley: mientras una parte de la mayoría reclama mayor capacidad de gasto antes de las elecciones, el Gobierno necesita demostrar ante los mercados y las instituciones comunitarias que mantiene bajo control las cuentas públicas.

Otro de los asuntos más controvertidos es la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

Liga propuso que los bancos aporten entre dos mil y tres mil millones de euros adicionales mediante un gravamen del cinco por ciento sobre sus beneficios, con el argumento de que el sector ha obtenido elevados rendimientos en los últimos años.

La propuesta encontró resistencia en Forza Italia, cuyo líder, el vice primer ministro y ministro de Exteriores Antonio Tajani, se mostró partidario de fórmulas como el adelanto de pagos tributarios antes que de nuevos impuestos.

El enfrentamiento no es menor, ya que el Gobierno ya prevé obtener unos 12 mil millones de euros de bancos y aseguradoras hasta 2028 a través de medidas tributarias aprobadas previamente, por lo que cualquier nueva carga sobre el sector financiero podría convertirse en un foco de tensión dentro de la coalición.

La formación de Salvini también reclamó una contribución de las grandes compañías energéticas para financiar medidas destinadas a contener el costo de la electricidad, el gas y los combustibles, iniciativas que pretenden responder a una de las principales preocupaciones sociales: la pérdida de poder adquisitivo.

Entre las medidas que se perfilan en el debate aparecen una posible reducción de la carga fiscal sobre las rentas medias, intervenciones sobre el impuesto a la renta de las personas físicas, incentivos para las empresas y disposiciones dirigidas a reforzar el ingreso disponible de los hogares.

También se encuentran sobre la mesa propuestas relacionadas con las pensiones y con una eventual reducción de la tributación sobre determinados ingresos adicionales, aunque buena parte de estas iniciativas todavía constituye materia de negociación política y no decisiones definitivas del Ejecutivo.

La dificultad reside en que cada nueva rebaja tributaria o aumento del gasto debe encontrar una cobertura financiera compatible con la trayectoria fiscal comprometida por Italia.

Para el conjunto de 2026 y 2027, las estimaciones de la Comisión Europea sitúan el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto italiano en torno al 1,1 por ciento, claramente por debajo de la media del bloque comunitario.

De ahí que la mirada atenta de la Unión Europea (UE) constituye una de las principales condicionantes de la negociación.

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