Termina una semana que lejos de tranquilizar las aguas, las complicó más. La intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de Diputados, no acalló los temas pendientes.

Sánchez prometió la desclasificación de documentos de inteligencia y seguridad, en torno a lo sucedió en Ceuta con la avalancha de migrantes irregulares que ingresaron en la ciudad autónoma. Los informes despertaron todo tipo de interpretaciones.

Desde los convencidos –la mayoría de la opinión pública-, de que si hubo avisos y alertas de que algo grande podía ocurrir en la frontera con Marruecos a fines de julio, hasta moderados y escépticos.

Más allá de las críticas incisivas de la ultraderecha de Vox y los conservadores del Partido Popular (PP) a Sánchez, también en la franja de la centroizquierda e izquierda en general, el jefe del Ejecutivo no se libra de las descalificaciones.

Incluso dentro del propio concierto de los ministros, las opiniones están divididas. Una muy crítica titular de Defensa, Margarita Robles, y un jefe de la cartera de Interior, Fernando Grande Marlaska, que insiste en defender al régimen de Rabat.

O la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien consideró sin cortapisas, que «80 mil personas no se mueven sin que Marruecos tuviera algún tipo de conocimiento de la situación», en referencia a lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Rego, en entrevista con TVE, señaló no obstante, que «hay todavía mucho margen para investigar y para ver qué es lo que ha sucedido ahí», aunque remarcó lo de Ceuta es una «prueba palpable» del fracaso de un modelo migratorio que externaliza los límites territoriales y pone en manos de un tercer país el control la frontera española.

De todos modos, en el centro de la polémica están ahora los informes de inteligencia y seguridad que dejan la sensación de que hay mucha tela por donde cortar, sujeto, eso sí, a interpretaciones de presunta falta de contundencia del Gobierno nacional, subestimación de las alertas o displicencia.

Al grupo de alrededor de cinco mil personas (o nueve mil, según la fuente) que permanecen ilegalmente en Ceuta, se añaden unos dos mil menores no acompañados y más de 300 mujeres y niñas, separadas del resto con medidas especiales de protección.

Mientras el reparto de culpas no cesa, el Gobierno insiste en que no tiene pruebas de la complicidad de Marruecos en lo sucedido y desvía la mirada hacia Israel y Estados Unidos.

El grupo Sumar a través de su actual líder, Verónica Martínez Barbero, pidió aclarar qué falló con los avisos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) sobre la llegada de migrantes a Ceuta en julio.

Sumar, que forma parte de la coalición del Gobierno, se refirió al asunto por si hubiera que asumir otras responsabilidades, más allá de la dimisión del jefe de Gabinete del delegado de la administración en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz.

Barbero consideró que esta dimisión es «la primera responsabilidad que se asume», pero no descarta que pueda haber más y solicitó aclaraciones a sus socios socialistas de Gobierno.

ocs/ft