Los informes precisan que bajo el paraguas de la Policía Nacional (PN) funciona la red que se dedica al seguimiento e infiltración de agrupaciones adversas a las políticas públicas del Ejecutivo.
La controversia comenzó el pasado 7 de septiembre, cuando dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto a organizaciones sociales, sindicales, docentes y de derechos humanos, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por supuesto espionaje ilegal contra el director de la PN, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública.
La PN confirmó posteriormente que mantiene agentes encubiertos dentro de sindicatos y organizaciones populares, aunque negó que se trate de infiltraciones ilegales y aseguró que esas labores tienen como propósito apoyar operaciones relacionadas con el mantenimiento del orden y la seguridad nacional, dentro del marco de la ley.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá también expresó su preocupación y reclamó una investigación con celeridad, independencia e imparcialidad para determinar la veracidad de los señalamientos.
La organización advirtió que el seguimiento físico, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes en organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas, indígenas, estudiantiles y comunitarias serían incompatibles con una sociedad democrática si se realizan al margen de las garantías legales.
También solicitó a la Defensoría del Pueblo abrir una queja de oficio y pedir explicaciones a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad Pública.
Por su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida presentó una denuncia ante la Defensoría y, según su abogado Antonio Vargas, entregó evidencias que incluyen registros fotográficos y la identificación de unos 40 agentes que presuntamente participarían en esas operaciones.
Vargas señaló que las pruebas serán remitidas además a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (parlamento) , al considerar que las acciones denunciadas podrían estar dirigidas a organizaciones críticas de las políticas del Ejecutivo, así como contra sus dirigentes y familiares. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, rechazó cualquier vinculación de esa organización con actividades criminales y defendió los derechos a la reunión, la protesta y la libertad de expresión.
De acuerdo con el informe presentado por los denunciantes, la estructura habría comenzado a operar a finales de 2023, durante la administración de Laurentino Cortizo, y posteriormente se habría fortalecido bajo el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
También sostienen que el mecanismo fue formalizado el 26 de agosto de 2025 como Departamento de Orden Público de la Dirección Nacional de Inteligencia policial, aunque aseguran que no aparece en el organigrama oficial de esa dependencia.
A su vez, el titular de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Guzmán, relacionó las denuncias con una estrategia regional de seguridad impulsada por Estados Unidos y cuestionó declaraciones de Mulino sobre la necesidad de reducir la capacidad de colectivos considerados adversos a las políticas gubernamentales.
Las organizaciones reclamaron finalmente el esclarecimiento de los hechos y subrayaron que cualquier vigilancia, interceptación de comunicaciones, monitoreo digital o infiltración realizada al margen de la ley podría vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución panameña y los tratados internacionales suscritos por el país.
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