A una primera decisión, que ordenó detener los bombardeos de las Fuerzas Militares en sitios en los que se presuma la presencia de menores reclutados por grupos armados, se sumaron luego otras dos.

A principios de este mes, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá emitió una orden de carácter provisional sobre el tema y ratificó formalmente la medida más tarde, al rechazar la impugnación del Gobierno y de la cúpula castrense.

Otro tanto hizo el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, que pidió suspender los operativos aéreos dentro de la jurisdicción de ese departamento.

El Juzgado del Cauca, en Popayán, se convirtió en el tercer despacho judicial en frenar las referidas acciones en la región, al alegar la necesidad de respetar los principios de prevención y precaución si se detecta presencia de menores o civiles.

Los fallos ocurren después que al menos cinco menores reclutados murieron en par de operaciones ejecutadas contra los grupos armados en el departamento de Guaviare.

El poder judicial también se interpuso en la estrategia para fumigar campos de coca en la Amazonía.

El juez tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) admitió un recurso legal presentado en contra de un programa gubernamental para realizar un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio e instruyó su suspensión de manera provisional, “hasta tanto se recaude la información requerida y se adopte la decisión de fondo”.

Alegó el representante del sistema judicial que “la combinación entre la inminencia anunciada de la medida, la ausencia actual de información esencial para comprender su alcance territorial, social y ambiental y la especial sensibilidad ecológica del departamento, impone una actuación preventiva”.

El glufosinato de amonio, el herbicida con el cual el Gobierno pretende erradicar los campos de coca, fue incluida por la Organización Mundial de la Salud en la categoría de Clase II (moderadamente peligroso) debido a su toxicidad aguda.

Otra de las cuestiones en las que intervino la rama judicial fue en la divulgación de imágenes de cadáveres por parte de la Presidencia del país.

Hace dos días, un juez ordenó retirar videos de De La Espriella caminando entre cuerpos de presuntos integrantes de grupos armados abatidos, tras admitir un recurso legal que señala una posible vulneración de derechos.

El fallo orientó ocultar de las redes sociales oficiales de la Presidencia el referido material gráfico, mientras toma una decisión de fondo.

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