Los cinco jueces del organismo ratificaron la decisión adoptada inicialmente por la Junta Electoral de Manabí y posteriormente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que impidieron la inscripción de González como aspirante a la Prefectura de esa provincia costera.
La objeción fue presentada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), partido del presidente Daniel Noboa, y el movimiento Creando Oportunidades (CREO) contra el registro de la dirigente, respaldada por Pachakutik, brazo político del movimiento indígena.
González pertenece a la Revolución Ciudadana (RC), partido opositor suspendido desde marzo tras una decisión del TCE.
Por esa razón buscó llegar a la papeleta auspiciada por Pachakutik, pero de acuerdo con las autoridades electorales, incumplió con estatutos de esa organización.
El fallo se produjo pese a que el Código de la Democracia permite a los partidos tener candidatos invitados.
Tras conocer la decisión, González afirmó en redes sociales que continuará junto a sus seguidores y manifestó que detrás de la decisión estaría el Ejecutivo.
“Para sorpresa de nadie en medio de esta dictadura. Noboa sabe que el pueblo ecuatoriano y manabita lo rechaza en su gran mayoría y que solo con fraude puede ganarme en las urnas”, expresó en X.
El Consejo Nacional Electoral rechazó también la candidatura de Jaime Estrada, otro aspirante de oposición a la prefectura de la provincia costera de Manabí, por lo que su participación dependerá de una eventual apelación ante el TCE.
Las elecciones seccionales, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, consejeros y otras autoridades locales, están previstas para el 29 de noviembre.
Este proceso electoral tiene lugar en medio de cuestionamientos debido a las trabas a partidos y figuras de oposición.
Además de la suspensión de la RC, otros grupos políticos como el movimiento Amigo y Construye fueron impedidos de participar.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado ecuatoriano a garantizar una participación política plural e igualitaria, además del debido proceso y la certeza jurídica.
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