En paralelo al deseo de devolver a Marruecos las cerca de cinco mil personas irregulares en la ciudad autónoma española, están unos do mil menores no acompañados a la espera de ser redistribuidos en diferentes regiones del país.

La presión migratoria, la seguridad fronteriza y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, no terminan por encontrar un camino hacia la estabilidad. Marruecos, en plena campaña electoral, enrareció más el panorama con reclamos de soberanía de Ceuta y Melilla, dos ciudades que nunca estuvieron al amparo de Rabat en la historia.

Ceuta, en todo caso, está situada en el norte de África y es fronteriza con Marruecos, y aunque desde hace más de 500 años, al igual que Melilla, pertenece a España, su pasado musulmán y su ubicación geográfica la retratan.

Entre el 30 y 31 de julio, sufrió una entrada masiva de personas que desbordó temporalmente la capacidad de acogida y de los servicios públicos. La cifra no está clara todavía, más de 72 mil según datos oficiosos.

En las semanas posteriores, una parte importante de los migrantes regresaron voluntariamente a Marruecos, mientras que las autoridades españolas iniciaron procedimientos de devolución y expulsión.

Sin embargo, el proceso requiere identificar a las personas y para ello se levantan campamentos temporales en las playas y zonas aledañas, una tarea en ejecución.

El inicio del curso escolar y algunos incidentes exacerbaron más los ánimos, con manifestaciones populares tanto en Ceuta, como en otras ciudades españolas que fueron aprovechadas por extremistas con acciones violentas y proclamas xenófobas.

Ante esta situación, el Ejecutivo español ha habilitado anunció importantes fondos económicos (más de 300 millones de euros) para ayudar a Ceuta a afrontar las consecuencias de la crisis.

En este contexto, al aumento de la demanda de servicios de seguridad, limpieza y asistencia sanitaria generaron nuevas contrataciones, pero otros sectores, como el comercio y la hostelería, sufrieron cuantiosas pérdidas debido a la incertidumbre.

Por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueron desclasificados documentos de inteligencia y seguridad, en torno a lo sucedió en Ceuta con la avalancha de migrantes irregulares.

Al día de hoy, un sector mayoritario tanto de la opinión pública como de la clase política –incluido un importante sector de la izquierda-, opina que si hubo avisos y alertas de que algo grande podía ocurrir en la frontera con Marruecos.

Más allá de las críticas incisivas de la ultraderecha de Vox y los conservadores del Partido Popular (PP) a Sánchez, también en la franja de la centroizquierda e izquierda en general, el jefe del Ejecutivo no se libra de las descalificaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en defender al régimen de Rabat al no ver complicidad alguna en las acciones migratorias en la frontera, algo que ha reiterado el propio Sánchez.

Empero, los criterios están lejos de ser coincidentes en el gabinete de gobierno, mientras en la derecha del Partido Popular (PP) o la ultraderecha de Vox, no caben dudas de la participación de Marruecos en la instigación a pasar los límites fronterizos en Ceuta para desestabilizar a España.

El grupo Sumar a través de su actual líder, Verónica Martínez Barbero, pidió aclarar qué falló con los avisos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) sobre la llegada de migrantes a Ceuta en julio.

Sumar, que forma parte de la coalición del Gobierno, se refirió al asunto por si hubiera que asumir otras responsabilidades, más allá de la dimisión del jefe de Gabinete del delegado de la administración en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz.

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