De tal forma, La decisión, adoptada el pasado 9 de septiembre, mantiene vigente el mandato judicial que establece la paralización de esa zona de la antigua Ilva antes del 28 de octubre, señaló la agencia de información Adnkronos.
El tribunal desestimó los argumentos de las empresas, consideradas el mayor complejo siderúrgico de Italia y uno de los más grandes de Europa, centrado principalmente en la planta de Taranto.
Ilva y Acciaierie d’Italia fundamentaron su solicitud invocando las consecuencias económicas, industriales y laborales que tendría la detención de los altos hornos.
Según la resolución, las empresas no aportaron elementos suficientes para demostrar que el cumplimiento de la orden provocaría un daño grave e irreversible que justificara suspender su ejecución mientras continúa el procedimiento judicial.
Las empresas alegaron, entre otros aspectos, que la parada de los altos hornos podría ocasionar daños de difícil reparación en las instalaciones y comprometer la continuidad de la actividad siderúrgica, además de afectar a miles de trabajadores y a las empresas vinculadas al complejo industrial.
Por su parte, la Corte de Apelación señaló que la eventual paralización de la producción no constituía un hecho imprevisible, debido al tiempo que lleva abierto el litigio promovido por residentes de Taranto en defensa del derecho a la salud.
El tribunal consideró además que los trabajadores podrían ser empleados en labores de mantenimiento, adecuación y sustitución de las instalaciones durante el período de suspensión.
La resolución mantiene así la orden dictada antes por la propia Corte de Apelación, que estableció la suspensión de las actividades del área a caliente debido a deficiencias relacionadas con la protección ambiental y sanitaria.
Entre los elementos considerados por los jueces figuran la presencia de amianto en las instalaciones y la persistencia del riesgo asociado a las emisiones de partículas finas.
La decisión también se enmarca en las obligaciones derivadas de la normativa ambiental de la Unión Europea, de la jurisprudencia comunitaria y subrayó la necesidad de ponderar la continuidad de la actividad económica con la protección de la salud y el medio ambiente, otorgando prioridad a estos últimos intereses.
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