Hacer contribuir a los jubilados “no es una buena”, pero si podría constituir una buena “necesidad”, consideró el ministro francés del Trabajo, Jean-Pierre Farandou, para convertirse así en el tercer miembro del gobierno de centroderecha en defender esa polémica medida.

Con anterioridad, el titular de Cuentas Públicas, David Amiel, y el de Economía, Roland Lescure, defendieron la posibilidad de introducir un impuesto supuestamente sobre los retiros bien remunerados, señaló la versión digital de Le Parisien.

El también expresidente de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia declaró al canal CNews que “para nada era anormal o ilógico pedir esfuerzos a los jubilados”.

Lo cierto es que la búsqueda de 30 mil millones de euros de ahorro vuelve a caer sobre los jubilados, cuando el recorte tiene un coste social que las cuentas fiscales no muestran.

De acuerdo con la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (Drees), la pensión media mensual bruta en 2024 era de mil 705 euros, tras recordar que el retiro es el mayor capítulo de la protección social, con 370 mil millones de euros a su disposición.

Ese acápite del presupuesto abarca el 13,1 por ciento del PIB, pero congelar o limitar su evolución para nada afecta igual a todos: más bien golpea con mucha mayor fuerza a quienes dependen casi exclusivamente de esa prestación, indicó el canal France 24.

La propia Drees acaba de mostrar hasta qué punto persisten las desigualdades: entre quienes se jubilaron en 2020, la pobreza alcanzaba al 12,4 por ciento antes de retirarse y todavía afectaba al 8,3 por ciento durante su primer año completo como jubilados.

Por eso, hacer recaer el ajuste sobre las pensiones también podría debilitar el consumo de millones de hogares, justo cuando la economía francesa apenas crecería 0,4 por ciento en 2026, sin salir aún del efecto de la canícula, la sequía y los incendios de este verano.

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