El Supra indicó en un comunicado que la decisión gubernamental “limita el derecho sindical”, pues en la práctica afecta el derecho a la huelga.

La disposición del Ejecutivo ordena «garantizar servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables» en la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

Ello, en el marco del conflicto por el nuevo convenio colectivo que lleva seis meses de negociaciones sin resolución hasta el momento entre el gremio de trabajadores y el consorcio belga Katoen Natie, que tiene la concesión la terminal hasta el año 2081.

Desde el sindicato indicaron que van a «solicitar el asesoramiento técnico a la Sala de Abogados del PIT-CNT, para definir las medidas a tomar» en el marco del diferendo.

Antes el PIT-CNT, la central sindical unitaria, había considerado excesiva la resolución gubernamental al considerar que vulnera el derecho al paro laboral.

El Supra convocó reuniones con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas. También con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

En la TCP la operatividad es normal, pero los trabajadores no cejan en sus demandas a la patronal para sellar un convenio colectivo que consideren justo.

Cámaras empresariales señalaron al gobierno por pérdidas ocasionadas por las interrupciones del servicio en la terminal de contenedores, por donde se reciben y expiden importaciones y exportaciones.

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