El 1 de julio de 2025, el propio Trump inauguró la instalación temporal, ubicada en una zona remota del Parque Nacional de los Everglades, a unos 60 kilómetros de la ciudad estadounidense de Miami.

Pese a que entonces hubo bombo y platillos, ahora el mismo gobierno admitió fallas. Al menos es lo que se deduce de un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que visitó el lugar en enero.

“El uso de espacios tan restrictivos es sumamente poco convencional y no se ajusta a los estándares de trato humano”, alertó en su informe de 34 páginas el organismo de control federal al referirse a la práctica de mantener a los detenidos en recintos interiores con aproximadamente 1,6 metros era “diferente a cualquier otra que haya observado (…) en las instalaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

La investigación constató que los detenidos se encontraban en condiciones de hacinamiento, pasando la mayor parte del día en alojamientos sin ventilación adecuada y que, entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, unos 79 inmigrantes permanecieron en esos pequeños recintos metálicos.

Incluso la ausencia de espacio, apreciable en las fotografías que acompañaron el texto, «redujo la movilidad diaria de los internos, aumentando los niveles de estrés y el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas», apuntaron los inspectores.

Sin embargo, para el personal del lugar tales «jaulas» eran una especie de «zonas de calma» o de «relajación».

La cárcel para inmigrantes fue clausurada en junio de este año en medio de disputas legales y dimes y diretes por sus elevadísimos costos. El gobernador Ron DeSantis anunció el cierre de la instalación temporal que “no cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, acotó al señalar que por allí pasaron 21 mil personas sujetas a deportación.

Para DeSantis, la operación cumplió su objetivo.

De acuerdo con el reporte, el Florida Soft-Sided Facility (nombre oficial del centro), no cumplía los estándares en materia de salud y seguridad ambiental, atención médica, servicio de alimentos, higiene personal ni recreación, algo que “puede perjudicar la salud física y mental de los detenidos”.

“El uso de estas pequeñas celdas metálicas, sea cual sea el motivo, no tiene precedentes (…) y representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los detenidos”, enfatizó el documento.

Recuerdan medios locales que antes de su cierre, Alcatraz de los Caimanes, como también se le conoció, recibió amplias críticas de abogados, familiares de detenidos, congresistas y defensores de los derechos humanos.

Miembros demócratas del Capitolio visitaron la instalación el pasado año y alegaron que vieron a cientos de inmigrantes confinados en jaulas y que estaban sometidos a un calor sofocante, expuestos a las picaduras de insectos y recibían escasa alimentación.

El ICE defendió sus prácticas. Llegó a decir en algún momento que allí se ofrecían estándares de detención más elevados que en muchas prisiones de Estados Unidos.

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