La pesquisa del Observatorio IA en las elecciones, desarrollado por Data Privacy Brasil y Aláfia Lab, examinó 413 contenidos publicados del 1 de enero al 16 de agosto de 2026.

Casi dos de cada tres materiales analizados no informaron al público que habían sido creados o modificados mediante el referido procedimiento, incumpliendo las reglas establecidas por la Justicia Electoral del gigante sudamericano.

Del total, 250 publicaciones, alrededor del 60 por ciento, fueron clasificadas como sátira destinada a ridiculizar a figuras políticas, mientras otras 163, equivalentes a cerca del 40 por ciento, fueron consideradas contenidos de desinformación.

Según el observatorio, la falta de identificación afecta tanto a las cuentas responsables de publicar los materiales como a las plataformas digitales, que disponen de mecanismos para etiquetar contenidos sintéticos, pero aparentemente no los moderan de manera suficiente.

Entre los candidatos que difundieron publicaciones consideradas irregulares, el senador Flávio Bolsonaro, aspirante presidencial por el PL, ocupó el primer lugar, con 13 contenidos.

Le siguieron el diputado federal Mário Frias, también del PL, con 10 publicaciones; y el candidato presidencial del Partido Nuevo, Romeu Zema (cinco).

En la comparación por partidos, el PL concentró 28 publicaciones, frente a cuatro del Partido de los Trabajadores y dos del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Además, el levantamiento mostró un elevado uso de técnicas de manipulación de imágenes y voces, pues en el 81 por ciento de los casos fueron alteradas representaciones de personas públicas, procedimiento conocido como deepfake.

El principal blanco de esas manipulaciones fue el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya imagen o voz apareció modificada de forma peyorativa en 112 publicaciones, y Flávio Bolsonaro, a su vez, protagonizó 57 tergiversaciones.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, está prohibido el empleo de deepfakes en los comicios cuando el material constituye propaganda electoral.

La normativa también exige informar al elector cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial para generar o modificar contenidos.

Para los investigadores, la circulación de materiales sintéticos sin identificación plantea desafíos adicionales a la transparencia del proceso electoral, especialmente ante la expansión de las redes sociales como espacios de disputa política.

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