La decisión de postergar las conversaciones se produjo luego de conocerse que la Corte Suprema de Casación celebrará el 20 de octubre una audiencia para examinar el recurso extraordinario contra la decisión judicial que dispone el cierre de su área caliente, informó la agencia de comunicación Ansa.
El nuevo plazo judicial fue comunicado durante la reunión en el Palacio Chigi entre representantes del Ejecutivo y los sindicatos, y llevó al Gobierno a posponer la adopción de las medidas previstas para proteger a los trabajadores afectados por la crisis de la siderúrgica.
Según el Ejecutivo, se prevé retomar el examen de esas disposiciones cuando exista mayor claridad sobre el procedimiento judicial.
Mientras tanto, el Gobierno iniciará conversaciones con las empresas relacionadas para solicitarles que no procedan con los despidos, dada la incertidumbre que rodea el futuro de la antigua planta de Ilva.
La intención del Gobierno es permitir que la producción de acero continúe en Taranto mediante un proceso de licitación, basándose en las ofertas presentadas y las que aún están pendientes de presentación, las cuales deberán ser evaluadas, declaró el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, indicó la agencia Nova.
Durante la reunión con los sindicatos, explicó que el futuro de la producción de acero debe ser ecológico, utilizando hornos eléctricos alimentados con hierro de reducción directa.
La Corte de Apelación de Milán confirmó el pasado 11 de septiembre la medida que ordena detener las actividades del área a caliente de la planta de Taranto, después de rechazar la solicitud de suspensión presentada por las administraciones extraordinarias de Acciaierie d’Italia y de Ilva.
El área caliente comprende instalaciones fundamentales para el proceso siderúrgico, entre ellas los hornos altos, las coquerías y las acerías.
La decisión judicial incrementó la incertidumbre sobre la continuidad productiva del complejo y sus repercusiones sobre el empleo directo y las empresas vinculadas a la industria.
El panorama laboral ya comenzó a reflejar los efectos de la disputa judicial.
Unas 28 empresas del sector auxiliar iniciaron procedimientos de despido colectivo que afectan a más de dos mil 500 trabajadores, mientras las organizaciones sindicales reclaman medidas extraordinarias para proteger el empleo y los ingresos.
ocs/mml
