El titular de la cartera, Rafael Belaunde, informó esta semana ante una comisión parlamentaria que el organismo a su cargo elabora un registro de terrenos militares desocupados que puedan utilizarse con el citado objetivo.

El titular declaró en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que la solicitud fue hecha por la cartera de Justicia, bajo cuya jurisdicción están las cárceles.

Agregó que el proyecto de los albergues transitortios apunta a extender el tiempo de retención con fines de control de identidad y facilitar la posterior deportación administrativa de los indocumentados y dio a entender que la legislación migratoria podría adecuarse a la situación actual.

Explicó que el Estado cuenta actualmente con un plazo legal de tres días para ejecutar una orden de expulsión de extranjeros con permanencia irregular y sería necesario que el plazo se eleve a siete días.

Belaúnde aseveró que el proyecto de los albergues temporales no afectará a unidades militares activas ni cuarteles en uso, es decir, que solo se usarán predios e instalaciones en desuso.

El primer predio que será preparado como centro de retención es el de la antigua Escuela de Blindados del Ejército, en Ancón, distrito ubicado en el extremo norte de la capital peruana.

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