De acuerdo con la entidad, el uso de drones por parte de los grupos armados es cada vez más extendido y riesgoso para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El organismo renovó sus alertas acerca del fenómeno creciente a propósito de un atentado perpetrado con explosivos a un radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil ubicado en el corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, en el departamento de Valle del Cauca.
Advirtió la Defensoría que el ataque conocido la víspera estuvo dirigido contra un bien de carácter civil protegido por el DIH necesario para la adecuada operación del servicio público esencial de transporte.
“Este hecho también habría podido generar riesgos para las operaciones aéreas y, por consiguiente, para la vida e integridad de quienes usan el servicio o lo operan. Adicionalmente, podría afectar vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales”, remarcó en su comunicado.
Concluyó que la acción infringe el principio de distinción del DIH pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos.
La entidad hizo un llamado a la Fiscalía General y a las autoridades competentes a desarrollar con celeridad las investigaciones, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a las que haya lugar.
Pidió además a los grupos armados ilegales con presencia en la región que respeten a la población civil y los bienes públicos, abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.
A la Aeronáutica Civil recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones que puedan verse afectadas y fortalecer la prevención frente a posibles ataques contra infraestructura destinada a la navegación aérea.
Otros datos de la Defensoría dan cuenta que, por cuenta de los ataques con drones, el 32 por ciento de las personas afectadas correspondió a población civil y Norte de Santander, en el noreste, registró 30 eventos.
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