Según el titular, los datos sobre las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad brasileñas contradicen la evaluación de Washington y muestran un incremento de las acciones contra el crimen organizado.
“El Estado estadounidense verificará que esa hipótesis no se confirma, no es consistente. Los números que presentamos son superiores a los que existían antes”, afirmó Wellington durante una entrevista en Río de Janeiro.
De acuerdo con el portal G1, el ministro destacó además la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales y sostuvo que Brasil atraviesa un momento de mayor integración institucional para enfrentar a las organizaciones criminales.
Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno de Donald Trump incluyera referencias críticas a Brasil en un documento enviado el 15 de septiembre al Congreso estadounidense sobre los principales países productores y de tránsito de drogas para el año fiscal 2027.
Brasil no figura entre los 23 países incluidos formalmente en esa relación, precisó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Sin embargo, indicó que hubo una mención circunstancial al gigante sudamericano dentro de la parte narrativa del documento, sin efectos sobre la clasificación jurídica establecida por la legislación estadounidense.
El Gobierno brasileño también rechazó las alegaciones de fallas u omisiones en el combate contra el crimen organizado transnacional y señaló que la evaluación estadounidense no considera medidas adoptadas recientemente.
Mencionó en ese sentido la Ley Antifacción, sancionada en marzo pasado, así como el Programa Brasil contra el Crimen Organizado, lanzado en mayo, que contempla acciones de inteligencia, combate a las finanzas de las organizaciones criminales, fortalecimiento del sistema penitenciario, investigación de homicidios y enfrentamiento al tráfico de armas.
El portal Brasil 247 reportó que miembros del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideran «muy grave» el documento norteamericano que critica el enfrentamiento a Primero Comando da Capital y al CV.
La preocupación principal es que Washington pueda utilizar el vínculo entre el crimen organizado y la seguridad nacional de Estados Unidos para justificar medidas unilaterales.
Asesores de Lula consideran que el documento «abre la puerta a acciones militarizadas por parte de Estados Unidos, en contravención del derecho internacional», apuntó el medio.
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