La TCP maneja el 80 por ciento de los contenedores del principal puerto del país y escenario de varios paros decididos por el gremio de trabajadores en los últimos seis meses de negociaciones infructuosas.

Lo novedoso de la actual huelga es la resolución gubernamental que dispone prestaciones esenciales para que la terminal portuaria funcione, pese a la medida de fuerza sindical.

Desde el sindicato rechazan la resolución del Ejecutivo al considerar que limita el derecho a la huelga.

En un comunicado, la TCP dijo que dispondrá del “personal necesario” para la operatividad portuaria.

Adelantó que tomará “todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de dichos servicios mínimos, procurando preservar la seguridad de las operaciones y reducir el impacto sobre los buques, las cargas, los transportistas y demás usuarios de la terminal”.

Queda en espera la respuesta del sindicato y la evaluación de los ministerios de Trabajo y Transporte, que han mediado en las negociaciones entre los portuarios y la empresa.

La TCP ha dicho que cuantificará los daños ocasionados por los paros laborales, mientras que desde las cámaras exportadoras e importadoras aducen también fuertes perdidas por el conflicto portuario.

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