Principalmente, en el tintero está la explotación de petróleo y gas, pero también hace extensivas sanciones a otras actividades, y estipula el establecimiento de un Consejo de Seguridad Nacional.

La iniciativa anunciada por el mandatario Javier Milei hace dos semanas y que reavivó las tensiones con el Reino Unido, ingresó este jueves a la cámara baja para comenzar a ser tratada en las respectivas comisiones.

En concreto, el texto girado por el Poder Ejecutivo tiene por objeto endurecer las penas a quienes explotan recursos naturales alrededor de las Malvinas de forma ilegítima sin aprobación del gobierno argentino y generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta.

Asimismo, busca “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Fuera del contexto de las Malvinas, el anteproyecto contempla una modificación al Código Penal para imponer penas de hasta 12 años de prisión a quienes “manipulen la opinión pública” con “campañas de desinformación”, lo cual según juristas consultados por el diario Página 12 implica el riesgo de que se use para atacar a opositores políticos.

Ese artículo que el periódico tilda de oculto en el texto estipula penas carcelarias para quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Incluye sanciones también contra quienes “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. Y las penas se ampliarán de ocho a 15 años de prisión en caso de que la conducta se cometa “mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.

Igualmente, contempla penas de cárcel para quienes entreguen secretos a un Estado extranjero y “proporcionen deliberadamente recursos, documentación, identidades, instalaciones, medios técnicos o cualquier otra forma de apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia desarrollada o a desarrollarse en territorio nacional por cuenta de un gobierno extranjero.

Para eso, dispone la articulación de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía y la Secretaría de Legal y Técnica, todo bajo la órbita del Presidente, señala Página 12.

Además, la propuesta de la Casa Rosada busca reformar la ley de Financiamiento de Partidos Políticos para impedir y castigar los aportes en campañas de parte de extranjeros sin residencia permanente.

Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consultado por el diario, “el proyecto es peligrosísimo”, ya que “es un tipo penal raro el que incorpora, es complejo, aunque no inconstitucional”, resaltó.

Y advirtió que el mayor peligro es que “cualquier cosa que haga un opositor o una persona que participe en un proceso electoral y tenga algún vínculo con un Estado, puede ser acusada”.

De esa forma, para el jurista la iniciativa abandona el eje central en las Malvinas y se enfoca en la supuesta protección de infraestructura crítica y cuestiones de políticas internas.

Analistas políticos anticipan que el anteproyecto por su contenido resulta polémico y generará candentes debates en el Congreso en el proceso de su debate.

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