Esta pesquisa fue dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) con la colaboración del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Las drogas destruyen vidas, fracturan familias, alimentan la violencia y son un flagelo en nuestras comunidades”, advirtió el fiscal federal interino Ramírez Carbó al dar a conocer la acusación que se emitió el 1 de septiembre de 2026.

Agregó que “esta organización de narcotráfico utilizaba el Aeropuerto Internacional de Isla Verde para contrabandear cocaína desde Puerto Rico a varios destinos en Estados Unidos. Hoy, 17 organizadores, reclutadores y mulas que hicieron posible su red de distribución enfrentarán las consecuencias de sus actos delictivos”.

“A quienes creen que pueden usar nuestros aeropuertos y sistemas postales para traficar sustancias ilegales: que estas detenciones sirvan de advertencia”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI.

Abundó que “los estamos vigilando y trabajamos incansablemente para identificar, desarticular y desmantelar sus operaciones”.

La acusación alega que, desde noviembre de 2022, los acusados ​​conspiraron para poseer con intención de distribuir y distribuyeron cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de obtener importantes beneficios económicos.

Estas personas transportaban los narcóticos a través del aeropuerto y por correo postal a Estados Unidos continentales utilizando el Servicio Postal.

Entre los 17 acusados ​​figuran Francisco J. Sánchez-Roque, alias “Chuleta”; John O. Espinal-Zorrilla, alias “Taker”; Humberto Mercedes-Ruiz, alias “Brujo”; Michael J. Camacho-Rodríguez, también conocido como “Tiza/Chuky”; Emanuel Miranda-Calvo (“Shelby”); Kidanny J. Maysonet-Morales, conocido como “KJ/Kid/Kajoota”, y Luis D. Ramos-Ortiz, alias “PO/Podri”.

También Thalia González-Van Tull, Wilfredo Maldonado-De Jesús, alias “Marzán”; Héctor I. López-Franceschi, alias “Ivancito/Ricitos”; Johhy J. Figueroa-Mangual, conocido como “Jotta-Jotta”; Erika M. Fernández-Miranda; Christian J. Rivera Caraballo; Víctor Pérez-Medina; Bryan A. Serrano-Pérez; Héctor R. Ortiz-Torres y Jeremy Torres-Charbonier.

De ser declarados culpables de los cargos de narcotráfico, los acusados ​​se enfrentan a una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

La fiscal adjunta de Estados Unidos y jefa de la Unidad contra el Crimen Organizado Transnacional, María L. Montañez-Concepción, está a cargo del procesamiento del caso.

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